Una Vida Examinada

¿Puede convivir un derecho estatal único con derechos locales históricos? La foralidad española —los derechos civiles de Galicia, País Vasco, Baleares, Cataluña, Aragón y Navarra— responde afirmativamente, y al hacerlo plantea un problema filosófico de fondo: la relación entre uniformidad jurídica y memoria histórica de las comunidades. Los fueros no son aplicación supletoria de un derecho general; tienen valor y eficacia idénticos a los del derecho estatal en sus respectivos territorios.

Las compilaciones, nacidas del Congreso Nacional de Derecho Civil, intentaron uniformar las peculiaridades regionales sin destruirlas. El Código Civil español, publicado el 1 de mayo de 1889 con 1.976 artículos en cuatro libros, opera como derecho común supletorio: rige donde no hay fuero, y completa el fuero donde es insuficiente. Este equilibrio recoge una intuición filosófica antigua: lex non scripta —la costumbre, el derecho consuetudinario— tiene autoridad porque condensa siglos de experiencia jurídica vivida.

La Constitución de 1978 protege la foralidad y la convierte en parte del orden constitucional. Frente a un positivismo abstracto que querría una sola ley para todos, los fueros recuerdan que el derecho es producto histórico de comunidades concretas. Hervada lo articularía así: la naturaleza no excluye la historicidad; la naturaleza humana se concreta en formas culturales.

¿De dónde viene el derecho occidental, y por qué su historia es inseparable de la historia religiosa? Roma fue, durante mil años, el laboratorio donde se forjaron las categorías jurídicas básicas: contrato, propiedad, persona, jurisprudencia. César Augusto consolidó un imperio donde el ius civile coexistía con el ius gentium aplicable a los extranjeros. La caída de Occidente en 476 d.C. no destruyó ese legado: lo trasladó a la Iglesia y a los reinos germánicos.

La Reforma protestante de Lutero, en el siglo XVI, fractura la unidad jurídico-religiosa de Europa y, con ella, redibuja las fronteras políticas. La Contrarreforma católica responde con el Concilio de Trento y figuras como Santa Teresa. Ambas tradiciones desarrollan derechos canónicos diferenciados y, al hacerlo, fuerzan al derecho civil a ganar autonomía respecto de lo religioso.

La modernidad jurídica nace, así, de esa autonomización progresiva. El Código de Napoleón (1804) sistematiza el derecho civil sobre bases ilustradas; las constituciones del XIX y XX laicizan el orden jurídico sin poder borrar del todo su matriz cristiana. La historia del derecho no es lineal: es genealogía de tensiones entre lo civil y lo eclesiástico, lo escrito y lo consuetudinario, lo universal y lo local.

¿Era el derecho romano una rama de la teología, o ya un saber autónomo? Ulpiano, en el siglo III, formula tres postulados que la tradición occidental considerará fundamento de la convivencia pacífica: vivir honestamente, no dañar a otros, dar a cada uno lo suyo (honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere). La justicia es voluntad de dar a cada uno lo suyo; la equidad, adecuación del derecho al caso concreto; la jurisprudencia, ciencia de lo justo y lo injusto.

Esa estructura no era neutralmente civil. La religión romana, politeísta y cívica, sostenía simbólicamente el orden jurídico: los dioses garantizaban los pactos, los augurios precedían las decisiones, los sacerdotes (pontífices) interpretaban el ius sacrum. Cuando el cristianismo se vuelve religión imperial, esa simbiosis se reconfigura: el derecho canónico nace, Graciano lo compila en el siglo XII, y el ius civile romano sobrevive bajo la categoría de "theologia civilis pagana".

Varrón, citado por Agustín en La Ciudad de Dios, había distinguido tres teologías: la mítica de los poetas, la natural de los filósofos y la civil de los políticos. El derecho romano pertenecía a esta última: religión cívica al servicio del orden. La crítica cristiana la denunció como idolatría disfrazada, pero al absorberla la conservó: la modernidad jurídica hereda ambas capas.